Corte revoca sentencia y absuelve a los 11 campesinos e indígenas defensores de derechos humanos de Cotabambas criminalizados

Front Line Defenders celebra la decisión de revocar la sentencia que condenaba a las once personas defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios de Cotabambas (Apurímac), la cual la organización considera se dio en represalia a su denuncia y oposición al proyecto minero Las Bambas. Front Line Defenders estuvo presente en las audiencias de apelación de la sentencia en calidad de observadora internacional de derechos humanos.

El 22 de abril de 2025, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia de julio de 2024 y absolvió de toda responsabilidad penal y civil a los defensores de derechos humanos Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Lisbeth Abarca Peña, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos, Maximiliano Huachaca Mamani, Alem Torre Garcés, Jacinto Lima Lucas, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa y Cosme Bolívar Escudero. Las y los líderes comunitarios habían sido condenados a penas privativas de libertad que oscilaban entre los ocho y diez años, así como al pago colectivo de una indemnización de 50 000 soles a favor del Estado y 88 600 dólares americanos a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.

El proceso judicial en contra de los defensores se dio en el contexto de las protestas colectivas de septiembre de 2015, mediante la cual las comunidades afectadas demandaron una mayor transparencia en la información que se les comparte y la aplicación de la consulta previa en relación al impacto ambiental del proyecto extractivo en sus territorios. Las once personas defensoras fueron criminalizadas en represalia a los puestos de liderazgo y defensa de sus comunidades frente al impacto negativo de las actividades de la empresa minera. A casi diez años de iniciado el proceso judicial, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia que los criminalizaba, argumentando la falta de pruebas para determinar la responsabilidad penal de los acusados y la falta de fundamentos para la determinación del pago de la responsabilidad civil.

Si bien Front Line Defenders celebra la decisión del poder judicial de revocar la sentencia condenatoria de las once personas defensoras de derechos humanos de Cotabambas, también reitera su preocupación en relación al patrón sistemático de criminalización e imposición de cargos desproporcionados hacia las personas defensoras de derechos humanos por ejercer el derecho a la protesta pacífica y participar en asuntos que afectan sus territorios y calidad de vida. Las personas defensoras de Cotabambas enfrentaron por diez años un proceso judicial injusto en un intento de silenciar sus esfuerzos colectivos de reivindicación de sus derechos y de liderazgo al dar visibilidad a las preocupaciones críticas de sus comunidades. Front Line Defenders espera que esta decisión establezca un precedente positivo en otros procesos similares de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el Perú, y que represente un importante paso para la legitimación del derecho a la protesta en el país. Esto es especialmente importante al considerar la violenta represión y violaciones de derechos humanos que se han cometido durante las protestas llevadas a cabo en los recientes años, y que hasta la fecha se mantienen en impunidad.

Front Line Defenders insta a las autoridades no solo a cumplir con la decisión de la corte, sino también a garantizar la implementación efectiva de los mecanismos de protección para las comunidades afectadas por proyectos extractivos, conforme a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT. Finalmente, Front Line Defenders reitera su llamado a la empresa minera MMG Las Bambas a cumplir con los principios de debida diligencia en el marco de sus actividades, asegurando la no repetición de acciones de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos.