Perú: Llamado a aplicar debido proceso en inminente decisión sobre 11 campesinos e indígenas defensores de derechos humanos criminalizados en Cotabambas

Front Line Defenders expresa su preocupación por el proceso de criminalización iniciado hace una década contra once personas defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios de Cotabambas (Apurímac), por su denuncia y oposición al proyecto minero Las Bambas. La organización urge al Estado peruano a que el proceso del recurso de apelación de la sentencia condenatoria, iniciado el pasado 19 de marzo de 2025, se lleve a cabo con el debido proceso y teniendo en cuenta el legítimo derecho de los procesados a defender los derechos humanos, reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Las audiencias del recurso de apelación iniciaron el 31 de marzo de 2025 y se prevé que terminen en los próximos 15 días. La próxima audiencia está prevista para el 4 de abril, en la que tendrá lugar la defensa de los acusados. Cada uno de los defensores de los derechos humanos dispondrá de dos minutos para declarar.

Los dirigentes campesinos e indígenas criminalizados Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Lisbeth Abarca Peña, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos, Maximiliano Huachaca Mamani, Alem Torre Garcés, Jacinto Lima Lucas, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa y Cosme Bolívar Escudero son miembros de diversas comunidades en la región de Apurímac afectadas por las actividades de la empresa minera MMG Las Bambas. Son personas quechuahablantes defensoras de los derechos humanos y ambientales que han asumido puestos de liderazgo comunitario, siendo todos provenientes de comunidades originarias, y que cuentan con una trayectoria de lucha contra los efectos nocivos de la minería a larga escala en sus territorios y comunidades.

El proceso judicial en su contra se relaciona con hechos ocurridos en septiembre de 2015, cuando integrantes de las comunidades campesinas e indígenas de Cotabambas, afectadas por el proyecto minero Las Bambas, protestaron colectivamente para demandar una mayor transparencia en la información que se comparte con las comunidades, así como la aplicación de la consulta previa sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero, en el contexto de una modificación de su estudio de impacto ambiental. En lugar de ser escuchados y que sus demandas sean atendidas, la manifestación fue reprimida por la policía mediante el uso desproporcionado de la fuerza, y tanto el gobierno como la empresa interpusieron denuncias contra los líderes y lideresas comunitarios por los presuntos delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

El proceso penal iniciado en 2015 ha sido marcado por fallas en el debido proceso y un sesgo judicial en favor de la empresa minera. Los abogados del caso y organizaciones de la sociedad civil peruanas resaltan entre los principales problemas con el proceso judicial la falta de pruebas contundentes, ya que, a pesar de la revisión de videos, audios y declaraciones, no se ha presentado evidencia concreta que relacione a los acusados con los delitos. Además, la sentencia emitida no fundamenta claramente la responsabilidad de los acusados, omitiendo aspectos clave del caso y violando el principio de congruencia procesal.

En julio de 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas emitió una sentencia (Expediente n.º 41-2016) en la que condenó a los once defensores de derechos humanos a penas privativas de libertad que oscilan entre los ocho y los nueve años, así como al pago de una indemnización de 50 000 soles a favor del Estado y 88 600 dólares americanos a favor de la empresa minera. Los abogados de defensa presentaron un recurso de apelación (Expediente n.º 00041-2016-40-0307-JR-PE-01), cuyo proceso dio inicio el 19 de marzo de 2025 ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Adicionalmente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior ha solicitado incrementar a 200 000 soles la reparación civil en favor del Estado. El recurso de apelación busca revertir la sentencia, cuyos efectos están suspendidos hasta la obtención de una sentencia firme. Se prevé que las audiencias del recurso de apelación finalizarán en un plazo de 15 días y la fecha programada para la siguiente audiencia es el 4 de abril de 2025.

El proyecto minero Las Bambas es la mayor operación de extracción de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina. El proyecto ha generado graves impactos sociales y ambientales en Apurímac, incluido la contaminación del aire y el ruido causado por el tránsito diario de 370 camiones de alto tonelaje que transportan minerales a lo largo de 450 km hasta el puerto de Matarani. Este tráfico atraviesa 169 centros poblados, afectando la calidad de vida de las comunidades locales. Organizaciones y dirigentes locales han denunciado reiteradamente que el proyecto ha estado marcado por la falta de consulta previa y que su diseño se ha modificado sin la participación ni el consentimiento de las comunidades afectadas.

Front Line Defenders entiende que este proceso judicial se inició en represalia por el liderazgo de los acusados en la defensa de los derechos humanos, indígenas y ambientales, por haber denunciado los impactos negativos que el proyecto minero tiene en sus territorios, y por haber ejercido su derecho a la protesta. Es urgente que se respete el debido proceso y que se lleve a cabo un proceso de apelación justo, ya que la confirmación de la condena constituiría un grave precedente que pone en riesgo el ejercicio del derecho a defender derechos en el Perú.

La persecución judicial de las y los once dirigentes campesinos se enmarca en un patrón sistemático de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de conflictos socioambientales en el Perú. A lo largo de los años, se han registrado múltiples casos en los que líderes comunitarios han sido judicializados bajo cargos desproporcionados simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica y a la participación en asuntos que afectan sus territorios y modos de vida. Organismos internacionales de derechos humanos y expertos independientes, como la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, han expresado su preocupación por estos patrones de criminalización en el Perú, instando al Estado a garantizar la protección de los defensores y a evitar el uso indebido del derecho penal para restringir su labor.

F ront Line Defenders reitera su profunda preocupación por la criminalización de los dirigentes campesinos e indígenas y defensores de derechos humanos de Apurímac, y el uso indebido del sistema de justicia para reprimir la protesta social y la defensa de los derechos humanos y del territorio. La organización insta a las autoridades peruanas a absolver de cargos a los once defensores de derechos humanos de Apurímac y adoptar medidas efectivas para su protección. Front Line Defenders también hace un llamado a los inversionistas de Las Bambas sobre el accionar de la empresa en Perú, e insta a la empresa minera MMG Las Bambas a retirarse del proceso judicial y cumplir con los principios de debida diligencia. Front Line Defenders también urge al Estado Peruano a implementar mecanismos efectivos de protección para las comunidades afectadas por proyectos extractivos y asegurar procesos de consulta previa, libre e informada, conforme a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, y garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos del Perú puedan ejercer su labor sin temor a represalias, incluido el acoso judicial.