Guatemala: Preocupación por la criminalización de defensores indígenas de derechos humanos de los 48 Cantones de Totonicapán y riesgo de una ola de arrestos

Front Line Defenders expresa su rechazo a la criminalización de las autoridades ancestrales mayas K’iche’ de los 48 Cantones de Totonicapán como forma de reprimir la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas por medio de la protesta.

Los 48 Cantones de Totonicapán son una organización maya indígena y autoridad legítima del Pueblo de Totonicapán, en el occidente de Guatemala. Trabajan en representación de pueblo maya K’iche y de sus derechos colectivos a su territorio, identidad cultural y autonomía.

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público de Guatemala dictó órdenes de aprehensión contra el defensor y líder indígena Héctor Chaclán y otros tres líderes de los 48 Cantones de Totonicapán. Se les imputan los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. El Ministerio Público también afirmó que buscaría órdenes de aprehensión contra integrantes de la Municipalidad Indígena de Sololá y otros líderes indígenas de Guatemala, ya que la investigación aun está en curso.

El Ministerio Público también emitió una orden de aprehensión citando los mismos delitos contra Luis Pacheco, Viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas y ex líder de los 48 Cantones de Totonicapán. Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron detenidos el 23 de abril.

Esta persecución se da por haber ejercido de manera legítima el derecho a la protesta y resistencia pacífica y por defender los derechos colectivos de sus comunidades en octubre de 2023, cuando los pueblos indígenas lideraron el Paro nacional en denuncia a la intervención arbitraria del Ministerio Público en las elecciones generales de ese año. Autoridades indígenas del país tomaron el liderazgo de las movilizaciones como una forma de rechazar los poderes políticos, militares y económicos que han violado históricamente los derechos colectivos de las comunidades indígenas y que buscaban intervenir en el proceso electoral.

En septiembre de 2023, el Ministerio Público confiscó del Tribunal Supremo Electoral las cajas electorales de la primera y segunda vuelta de las elecciones. La Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó estos hechos de haberse realizado sin “justa causa, violando las funciones de independencia y autonomía del órgano electoral”. LA OEA también reconoció el ejercicio legítimo de la protesta pacífica de los 48 Cantones de Totonicapán como respuesta a abuso de poder del Ministerio Público.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en rechazo a la detención arbitraria de las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, pues esta es una forma de “instrumentalización del derecho penal con fines políticos”. Durante su visita in loco a Guatemala de 2024 concluyó que esta persecución y criminalización se da mediante el “uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados”, lo cual pone en evidencia “la completa falta de independencia del Ministerio Público y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción”.

Front Line Defenders comparte su rechazo a las acciones de persecución y intento de criminalización de las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán la cual se da en represalia a su labor en defensa de sus derechos sociales, políticos y economicos. Front Line Defenders está sumamente consternada debido a que es el Ministerio Público, el que busca menoscabar el derecho a la defensa de derechos hacer un uso indebido y abusivo del derecho penal .

F ront Line Defenders hace un llamado a las autoridades guatemaltecas a retirar los cargos en contra de las autoridades indígenas ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, y a investigar y sancionar a quienes abusen de su posición de poder, y garantizar que se protegen en todo momento los derechos de los defensores y defensoras indígenas de los derechos humanos en Guatemala.