Natalia Méndez
Natalia Magdalena Méndez Vásquez es una defensora indígena de la tierra y el territorio de la región zapoteca de los valles centrales de Oaxaca. Originaria del municipio de Magdalena Ocotlán, es profesora de educación indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA).
Natalia Méndez Vásquez ha trabajado en la defensa del territorio zapoteca desde la llegada del proyecto minero San José en el 2009. En ese año, la defensora fue agredida en el operativo policial con el que se instaló la minera en el valle.
Ha sido la principal demandante por un derrame de jales mineros en octubre del 2018 que contaminó las principales fuentes de agua de siete comunidades, incluyendo el pozo que abastece de agua entubada a su comunidad.
El proyecto minero San José fue propiedad de la empresa minera Cuzcatlán, subsidiaria de la minera canadiense Fortuna Mining, del 2009 al 2024, y ahora es de la empresa peruana JRC Ingeniería y Construcción S.A.C.
A lo largo de su labor de defensa, Natalia Méndez Vásquez y su familia han sido objeto de amenazas y hostigamiento. La defensora también ha sufrido agresiones e incluso un intento de secuestro.
Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de concejal en el ayuntamiento de la comunidad, desde donde también ha sido agredida constantemente por parte de autoridades municipales y funcionarios de gobierno del estado de Oaxaca debido a su postura y labor de defensa frente a los intereses del proyecto minero.
Los/as defensores/as de derechos humanos y periodistas de México son objeto de actos de intimidación, hostigamiento judicial, detención arbitraria, amenazas de muerte, agresión física, desaparición forzada y homicidio como resultado de sus actividades en defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En México las desapariciones son endémicas, y a menudo ocurren con la connivencia del estado. Los defensores y defensoras que trabajan sobre este tema están expuestos a riesgos graves, y hasta la muerte. Quienes trabajan en defensa de la tierra, particularmente de los territorios indígenas, están en el mismo nivel de riesgo. Se los criminaliza, encarcela, difama y a menudo asesina. Los/as periodistas que se ocupan de cualquiera de estas temáticas, o relativas al comercio ilícito de drogas y la complicidad del gobierno en este área, también corren riesgo de perder la vida.
