Graciela Karina Reátegui Mori
Graciela Karina Reátegui Mori es la primera mujer presidenta de la Federación de las Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes - FECONAU. Es originaria del pueblo Shipibo-Konibo de la comunidad Korin Bari y ha estado involucrada en la defensa de los territorios indígenas de la región Ucayali de la Amazonía Peruana a lo largo de toda su vida. Es integrante de la FECONAU desde el 2020, donde asumió inicialmente el liderazgo del Programa Mujer mediante el cual trabajó en el fortalecimiento de la participación política y liderazgo de la mujeres indígenas.
Las comunidades bases de la FECONAU enfrentan hace más de diez años la presencia de la empresa de palma aceitera Ocho Sur, que se instaló en los territorios de los pueblos indígenas sin haberles consultado. Los líderes de la FECONAU han enfrentado acciones de hostigamiento, persecución y acoso jurídico iniciadas con el apoyo de la empresa Ocho Sur. Por su liderazgo en las acciones de resistencia y denuncia de los impactos del monocultivo de palma aceitera, Graciela Karina Reategui Mori está enfrentando dos denuncias infundadas por coacción y hostigamiento. Con el apoyo de abogados y organizaciones aliadas, han logrado archivar uno de los procesos por falta de pruebas, pero el proceso por hostigamiento lleva más de dos años dilatándose, lo que refleja la discriminación y persecución a su liderazgo como mujer indígena.
Mientras que muchos defensores/as de derechos humanos (DDH) pueden operar libremente en Perú, quienes trabajan por el ambiente, especialmente respecto de los efectos en el ambiente y los derechos humanos de las industrias extractivas, hacen frente a una dura represión que incluye intimidación, campañas de difamación, amenazas de muerte, vigilancia y hostigamiento judicial. Periodistas y sindicalistas también son blanco de ataques.
Uno de los rasgos de la situación económica de Perú es que las industrias extractivas han crecido exponencialmente en los últimas décadas. Los/as defensores de derechos humanos y comunidades locales han denunciado que no se consultó a las comunidades indígenas con relación a los proyectos mineros, irregularidades en la apropiación de tierras comunitarias y sobre las consecuencias de la minería en el ambiente y el medio de vida de las comunidades locales. La oposición a las consecuencias de las industrias extractivas se tradujo en protestas sociales intensas en las áreas afectadas, que se toparon con respuestas violentas de parte del estado y el excesivo uso de la fuerza de la policía y el ejército. Los/as defensores/as del ambiente que trabajan en defensa de los derechos de los indígenas o comunidades campesinas han sido blanco directo de actos de hostigamiento judicial, agresiones físicas, brutalidad policial, campañas de difamación y vigilancia.
