Juez ordena prescripción en caso de criminalización de los defensores ambientales que protegen Chaparrí
El 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la prescripción de la acusación formulada en contra de los seis defensores ambientales integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.
Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, es una organización de miembros de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri - (ACOTURCH) dedicada a la defensa y conservación de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí". La reserva Chaparrí, ubicada entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca, se creó en 2001 siendo la primera Área de Conservación Privada (ACP) de Perú, con el objetivo de proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el aliblanca turquía. Estas vastas reservas naturales están amenazadas por las actividades ilegales de los "traficantes de tierras", tales como usurpación, ocupación de tierras y cambio fraudulento del uso de la tierra, que a menudo resultan en enfrentamientos violentos.
Comuneros/as integrantes del Frente de Defensa han denunciado que, en los últimos años, han sido blanco de hostigamiento, violencia verbal y física, vigilancia, separación arbitraria de la comunidad y amenazas de muerte. El 30 de diciembre de 2017, el teniente gobernador José Napoleón Tarrillo Astonitas, líder comunitario del caserío El Mirador (Chongoyape, Lambayeque) que se opuso a la entrada de personas extrañas a la comunidad, fue asesinado en su casa. Después del asesinato de José Tarrillo, las amenazas y el acoso contra los/as integrantes del Frente de Defensa han aumentado.
El 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la prescripción de la acusación formulada en contra de los seis defensores ambientales integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.
Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández son integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparrí (ACOTURCH). También son integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, organización dedicada a la defensa y conservación de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí" (ACP Chaparrí), ubicada entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca. Creada en 2001, la reserva es la primera Área de Conservación Privada (ACP) del Perú y tiene como objetivo proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y la pava aliblanca.
En enero de 2021, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque presentó un requerimiento de acusación en contra de los seis defensores por el delito infundado de alteración del paisaje en el ACP Chaparrí. Estas acusaciones se dieron en un contexto de hostigamiento, vigilancia y violencia hacia los defensores, quienes habían sido amenazados por grupos criminales dedicados al tráfico de tierras, así como por grupos que habían ocupado ese terreno para intereses privados como las granjas de monocultivos. Los defensores también enfrentaron amenazas y represalias por su oposición a la instalación del proyecto hidráulico "La Montería" en el ACP Chaparrí, impulsado por el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio de Agricultura, mediante el cual se pretendía reducir significativamente el territorio asignado a la reserva natural, perjudicando su ecosistema y el acceso a las fuentes de agua de la población de la región de Lambayeque. En respuesta a esta situación de inseguridad para los defensores, en marzo de 2018, el Ministerio del Interior otorgó medidas de protección a favor de los integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, las cuales a la fecha no se han implementado efectivamente. Front Line Defenders ha reportado otros ataques en contra de integrantes del Frente, incluyendo el caso de Edivar Juan Carrasco Vásquez ocurrido el 27 de marzo de 2021, cuya situación de riesgo se mantiene activa.
Finalmente, cuatro años después de las acusaciones presentadas por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, el 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la admisión de la prescripción de la acción penal formulada en contra de los seis defensores ambientales, por la cual la fiscalía solicitaba cuatro años de prisión. A pesar del fallo favorable, el juez también dispuso que los defensores deberán pagar una reparación civil de cinco mil soles cada uno, orden que fue apelada por su defensa legal.
Front Line Defenders celebra la decisión de no continuar con la criminalización de Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández, pues la organización considera que la acción penal se dio en represalia a su labor de defensa de derechos ambientales en el Perú. Front Line Defenders reitera su profunda preocupación sobre la criminalización de líderes campesinos e indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, así como sobre el uso indebido del sistema de justicia con el fin de restringir la labor de defensa de los derechos humanos, ambientales y de los territorios. Front Line Defenders hace un llamado al Estado peruano a atender la situación de riesgo que los defensores del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí aún enfrentan, incluido los enfrentados por Edivar Juan Carrasco Vásquez, así como a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para restringir su labor de derechos humanos.
El 12 de agosto de 2022, se llevará a cabo un juicio oral en contra de seis defensores de derechos ambientales integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí por el delito infundado de “alteración del ambiente o paisaje”. El juicio se llevará a cabo en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo en la región de Lambayeque y podría resultar en una sentencia de cuatro años de prisión.
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Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández son integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri (ACOTURCH) dedicada a la conservación y protección de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí". La Reserva Chaparrí fue reconocida en 2001 como la primer Área de Conservación Privada (ACP) de Perú, con el objetivo de proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el pavo aliblanca.
El 27 de enero de 2021 los seis defensores se enteraron a través de la prensa local y redes sociales que la Fiscalía Provincia Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque había abierto la investigación en su contra.
La criminalización de los seis defensores forma parte de un alarmante patrón de violencia en contra del legítimo trabajo que realiza el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. A través de los años, integrantes de la comunidad han denunciado ser blanco de hostigamiento, violencia verbal y física, vigilancia, separación arbitraria de la comunidad y amenazas de muerte por parte de grupos organizados criminales dedicados al tráfico de tierras, como represalia por su oposición a los intereses de construir represas en territorio protegido.
A pesar de que desde marzo de 2018 el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia reconocieran el trabajo de defensa de los integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y otorgaran medidas personales de protección a su favor, los defensores del medio ambiente siguen enfrentando una grave escalada de riesgos en represalia por su trabajo. No ha habido implementación efectiva de las medidas de protección ni investigación sobre quienes están detrás de los ataques.
Front Line Defenders expresa profunda preocupación ante el próximo juicio oral en contra de los defensores de derechos medio ambientales Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández y condena el proceso de criminalización en su contra.
Front Line Defenders cree que la criminalización en contra de personas defensoras de derechos ambientales busca obstaculizar su valioso trabajo en defensa de los derechos ambientales y territoriales en el país y reitera su preocupación por el mensaje desalentador que esto envía a quienes llevan a cabo labores de derechos humanos en el Perú.
Front Line Defenders insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar que el sistema judicial no sea mal utilizado como herramienta para deslegitimar y obstaculizar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Perú.
