Panamá: Alerta ante la violenta represión contra comunidades indígenas Ngäbe-Buglé en el marco de las protestas sociales
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación ante el uso excesivo de la fuerza y la escalada de la represión contra las comunidades indígenas en Panamá, particularmente en la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia del Darién, en el contexto de las protestas contra la Ley 462, la posible reapertura de la mina Cobre Panamá y el memorándum firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos. Se han documentado incursiones violentas, disparos con perdigones, detenciones arbitrarias y actos de criminalización dirigidos contra personas defensoras indígenas, del territorio y del medio ambiente.
Durante el mes de mayo, las comunidades indígenas indígenas Ngäbe-Buglé Ojo de Agua, El Piro Trinidad, Viguí, Tolé, El Prado, San Félix y Horconcito fueron blanco de operaciones represivas. El 14 de mayo se reportaron incursiones del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en zonas residenciales, lanzamiento de gases lacrimógenos en viviendas, escuelas e iglesias, golpizas a familiares y persecuciones casa por casa. En los días siguientes, se documentaron cortes deliberados de electricidad, sobrevuelo de drones y helicópteros para vigilar reuniones comunitarias, disparos con perdigones, el uso de arms de fuego y una presencia militar en comunidades indígenas que, según las personas defensoras locales, no se había visto ni en épocas de la dictadura militar.
En las últimas semanas, las protestas han incluido a diversos sectores sociales como estudiantes, sindicatos, pescadores y campesinos, pero la violencia ejercida contra las comunidades indígenas destaca por su carácter especialmente alarmante. La situación en la comarca indígena Ngäbe-Buglé es particularmente compleja, donde la falta de consulta y el desdén por los derechos de los pueblos indígenas han dado paso a políticas que vulneran sus derechos fundamentales y criminalizan a quienes se oponen a la reapertura minera.
El 15 de mayo, Caleb Bejarano, estudiante indígena ngäbe de la Universidad de Panamá y familiar de la defensora de derechos humanos indígena Ngäbe e integrante de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad Lac, Mary Acosta Pinilla, resultó herido por un disparo de arma de fuego en el abdomen durante una vigilia pacífica. El disparo, presuntamente realizado por la Policía Nacional, le causó graves lesiones que requirieron tres cirugías de emergencia y lo mantuvieron en la UCI. Días antes, el 5 de mayo, el defensor y poeta Esteban Binns Carpintero fue detenido arbitrariamente por el Senafront mientras documentaba una protesta pacífica en Tolé. Aunque fue liberado posteriormente, este hecho evidenció el inicio de la tendencia de criminalización a quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos.
El 27 de mayo de 2025, el gobierno de Panamá decretó el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, lo que intensificó la militarización en las provincias de Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Esta medida provocó un despliegue aun mayor de agentes del Senafront, la Policía Nacional y unidades aeronavales, además de sobrevuelos constantes de helicópteros y drones de vigilancia. Las fuerzas de seguridad han obstaculizado las reuniones comunitarias e intimidado a las poblaciones rurales mediante cateos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza.
En paralelo, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra autoridades indígenas como Elivardo Membache, cacique general de Tierras Colectivas de Darién, y Lucrecia Caisamo, cacica suplente, quienes se entregaron voluntariamente. Organizaciones indígenas han denunciado que estas acciones buscan criminalizar la protesta social y desarticular las demandas legítimas de las comunidades. Front Line Defenders ha continuado recibiendo información sobre más casos de detenciones arbitrarias y de decenas de personas golpeadas en las comunidades.
El detonante de las movilizaciones nacionales ha sido la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social sin consulta previa, así como los esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo de Panamá de reactivar el proyecto minero Cobre Panamá, declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2023 y ampliamente rechazado por distintos sectores de la sociedad durante las protestas nacionales de 2023. También ha generado preocupación el memorándum de entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos en abril de 2025, el cual permitiría incrementar la presencia militar estadounidense en el país centroamericano.
Pese a la falta de reconocimiento oficial de estos abusos, la Defensoría del Pueblo, como institución pública autónoma, ha informado que mantiene abiertas seis investigaciones a nivel nacional por posibles vulneraciones a los derechos humanos. Estas investigaciones están en proceso de recolección de evidencias y forman parte de un informe preliminar con recomendaciones derivadas del monitoreo realizado hasta la fecha.
Front Line Defenders destaca que el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos están protegidos por tratados internacionales ratificados por Panamá. El uso excesivo de la fuerza y la violencia institucional por parte del Estado, particularmente contra pueblos indígenas que se encuentran liderando la defensa de derechos de los pueblos indígenas, territoriales y ambientales, es una estrategia para inhibir la defensa de estos derecho y constituye una grave violación de los derechos humanos por parte del Estado panameño.
Front Line Defenders demanda a las autoridades panameñas garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos y cesar de inmediato cualquier forma de represión contra las comunidades indígenas y quienes defienden el medio ambiente y el territorio, adoptando medidas efectivas de protección y diálogo.
