Represión y violencia contra el pueblo hñöhñö en Santiago Mexquititlán, incluyendo violencia sexual contra la defensora Estela Hernández Jiménez

El 5 de junio de 2025, siete integrantes del Pueblo Hñöhñö (Otomí) de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, golpes, agresiones fisicas y revisiones corporarles realizadas de forma violenta de parte de agentes de la Policía Estatal de Querétaro (POES) incluyendo actos de violencia sexual contra la defensora de derechos humanos Estela Hernández Jiménez.

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El Pueblo Hñöhñö (Otomí) de Santiago Mexquititlán, ubicado en el estado de Querétaro, es una comunidad indígena defensora comprometida con la defensa de la tierra, el agua, el territorio y los derechos colectivos. El pueblo se ha organizado históricamente en torno a temas de autonomía, gobernanza ancestral y protección ambiental, y participa activamente en espacios locales, regionales y nacionales como el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Sus integrantes han actuado en la denuncia de violaciones de derechos cometidas en el contexto de proyectos extractivos, la falta de grantia de derechos por parte del estado y la criminalización de la organización indígena.

Estela Hernández Jiménez es una defensora hñöhñö (otomí) de los derechos de los pueblos indígenas, docente de educación indígena originaria, Dra. en pedagogía y una de las intelectuales indígenas más brillantes del México contemporáneo. Es integrante del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán y del Congreso Nacional Indígena (CNI). Luchó por la libertad y la reparación de daño de su madre Jacinta Francisco Marcial, quien fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006 y acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones de México.

El 5 de junio de 2025, dos jóvenes del Pueblo Hñöhñö (otomí) de Santiago Mexquititlán fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía Estatal de Querétaro (POES) cuando se dirigían a sus lugares de trabajo. Al conocerse las detenciones, integrantes de la comunidad organizaron una movilización pacífica para exigir su liberación. Durante esta movilización, otras cinco personas, incluida la defensora de derechos humanos Estela Hernández Jiménez y su esposo, fueron violentamente detenidas al intentar dialogar con los agentes o documentar los abusos. La comunidad fue rodeada por fuerzas policiales estatales y municipales, y las siete personas detenidas permanecieron incomunicadas por varias horas, sin acceso a información oficial ni asistencia legal. Aunque posteriormente fueron liberadas, continúan enfrentando graves secuelas físicas y psicológicas derivadas de la violencia ejercida por los agentes.

Ademas de uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, se han a reportado actos de violencia fisica y sexual contra la defensora de derechos humanos Estela Hernández Jiménez por parte de agentes de la Policía Estatal. Mientras documentaba la detención arbitraria de dos jóvenes de su comunidad, la defensora de derechos humanos fue interceptada por al menos diez policías estatales, quienes la golpearon de manera reiterada, le gritaron insultos con connotaciones racistas y misóginas, y la trasladaron por la fuerza a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) local.

De acuerdo con testimonios recabados por el Pueblo, durante su detención, y una grabación de Sara Hernández Jiménez, defensora de derechos humanos y hermana de Estela Hernández Jiménez, quien fue testigo del ataque, Estela Hernández Jiménez fue objeto de agresiones físicas dirigidas a zonas sensibles de su cuerpo. Uno de los policías le arrancó un botón de la blusa, dejando parcialmente expuesto su pecho, y fue sometida de forma violenta. Como consecuencia, presenta afectaciones físicas persistentes, incluyendo dolor agudo y pérdida de sensibilidad en partes del cuerpo.

Posterior a la detención, personas de la comunidad tambien reportaron la presencia de dos personas con aspecto de policías cerca del domicilio de Estela Hernández Jiménez, haciendo preguntas sospechosas. Personas de la comunidad presumen que se trata de agentes de la POES, lo que incrementa su preocupación por posibles actos de vigilancia e intimidación. La criminalización, el hostigamiento y la vigilancia generan un entorno cada vez más hostil y peligroso para las personas defensoras de derechos humanos en Santiago Mexquititlán. Ademas, estos hechos ocurrieron en un contexto de represión sistemática contra quienes defienden el territorio, el agua y los derechos colectivos del pueblo indígena.

Front Line Defenders considera que los hechos ocurridos constituyen una grave violación al derecho humanos de las personas defensoras, en particular el uso de violencia sexual como mecanismo de represión.

Front Line Defenders urge a las autoridades mexicanas a:

1. Investigar de forma inmediata, independiente e imparcial los hechos de violencia, incluyendo los actos de violencia sexual contra Estela Hernández Jiménez, y sancionar a los responsables;
2. Garantizar la integridad física y psicológica de Estela Hernández Jiménez, Sara Hernández Jiménez, y de todas las personas defensoras de derechos humanos de Santiago Mexquititlán ;
3. Cesar todo acto de hostigamiento, vigilancia y criminalización contra integrantes de la comunidad hñöhñö (otomí) de Santiago Mexquititlán;
4. Garantizar en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en México puedan llevar a cabo su labor sin miedo a represalias y libre de restricciones.