Nuevos ataques en contra de integrantes del movimiento Reconocido

El 26 de febrero de 2025, agentes estatales atacaron físicamente a la defensora de derechos humanos Epifania St. Chals Lichardo mientras realizaban un allanamiento ilegal en su vivienda ubicada en el municipio y la provincia de El Seibo. Los ataques ocurren en un contexto de aumento exponencial de detenciones arbitrarias con perfilamiento racial, deportaciones masivas y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes trabajan en la protección de la población migrante y de personas con ascendencia haitiana en República Dominicana.

Epifania St. Chals Lichardo es coordinadora y co-fundadora de Reconocido (Red Común Nacional Organizada de Ciudadanos/as Domininicanos/as), un movimiento que promueve los derechos de ciudadanía y la igualdad de los y las dominicanas de ascendencia haitiana, moviliza y empodera a las comunidades marginadas y acompaña a las personas que necesitan apoyo legal para acceder a sus documentos.

En la madrugada del 26 de febrero de 2025, la defensora se encontraba junto a sus hijas menores de edad y su madre en su vivienda en la ciudad de El Seibo, cuando ocho agentes de la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y del Ejército ingresaron a su vivienda sin presentar orden judicial y portando armas largas, bajo el pretexto de buscar personas extranjeras indocumentadas. Cuando Epifania St. Chals comenzó a grabar a los agentes estatales que se encontraban en su vivienda, uno de ellos le quitó su teléfono de manera violenta y borró los videos mientras la sujetó por el cuello y amenazó con asfixiarla. Este ataque se dio frente a las hijas y madre de la defensora.

Esta no es la primera vez que que integrantes del movimiento Reconocido sufren ataques, amenazas y allanamientos arbitrarios. Front Line Defenders también ha recibido información preocupante sobre los allanamientos a personas defensoras de derechos humanos que se dan a menudo durante horas de la madrugada, regularmente sin la presentación de orden judicial, en la que los agentes obligan a las personas defensoras a borrar cualquier evidencia de sus acciones con el fin de que no puedan denunciar los hechos. Se ha identificado una mayor violencia contra quienes lideran organizaciones sociales y trabajan con la población migrante y de ascendencia haitiana, siendo la situación especialmente violenta cuando se da en contra de mujeres defensoras de derechos humanos.

Front Line Defenders recuerda que integrantes del movimiento Reconocido son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y condena el reciente ataque contra la defensora de derechos humanos Epifania St. Chals Lichardo, su familia y otros integrantes del movimiento Reconocido.

Front Line Defenders reitera su preocupación por el contexto de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos que viene agravándose desde las últimas medidas migratorias y pronunciamientos del Presidente de la República con el fin de deportar diez mil personas haitianas por semana. Esta situación ignora los compromisos internacionales que República Dominicana ha asumido en relación a los derechos de la población migrante y dominicana con ascendencia haitiana, y a su deber de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan trabajar sin temor a represalias.

Front Line Defenders insta a las autoridades de República Dominicana a:

1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el allanamiento ilegal y la agresión contra la defensora de derechos humanos Epifania St. Chals Lichard, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley dominicana;

2. Garantizar la salud física y psicológica de la defensora de derechos humanos Epifania St. Chals Lichard y su familia;

3. Dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor del movimiento Reconocido y sus integrantes;

4. Garantizar en todas las circunstancias que las personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana puedan llevar a cabo su legítima labor de defensa de derechos humanos sin miedo a represalias y libre de restricciones.