Juez ordena prescripción en caso de criminalización de los defensores ambientales que protegen Chaparrí
El 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la prescripción de la acusación formulada en contra de los seis defensores ambientales integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.
Juan de Dios Carrasco Fernández is a community leader and member of Frente de Defensa Salvemos Chaparrí (Save Chaparrí Defense Front), an organisation of members of Santa Catalina de Chongoyape community and of Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri - ACOTURCH (Association for the Conservation of Nature and Sustainable Tourism) dedicated to the defense and conservation of the natural reserve "Área de Conservación Privada Chaparrí".
El 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la prescripción de la acusación formulada en contra de los seis defensores ambientales integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.
Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández son integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparrí (ACOTURCH). También son integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, organización dedicada a la defensa y conservación de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí" (ACP Chaparrí), ubicada entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca. Creada en 2001, la reserva es la primera Área de Conservación Privada (ACP) del Perú y tiene como objetivo proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y la pava aliblanca.
En enero de 2021, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque presentó un requerimiento de acusación en contra de los seis defensores por el delito infundado de alteración del paisaje en el ACP Chaparrí. Estas acusaciones se dieron en un contexto de hostigamiento, vigilancia y violencia hacia los defensores, quienes habían sido amenazados por grupos criminales dedicados al tráfico de tierras, así como por grupos que habían ocupado ese terreno para intereses privados como las granjas de monocultivos. Los defensores también enfrentaron amenazas y represalias por su oposición a la instalación del proyecto hidráulico "La Montería" en el ACP Chaparrí, impulsado por el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio de Agricultura, mediante el cual se pretendía reducir significativamente el territorio asignado a la reserva natural, perjudicando su ecosistema y el acceso a las fuentes de agua de la población de la región de Lambayeque. En respuesta a esta situación de inseguridad para los defensores, en marzo de 2018, el Ministerio del Interior otorgó medidas de protección a favor de los integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, las cuales a la fecha no se han implementado efectivamente. Front Line Defenders ha reportado otros ataques en contra de integrantes del Frente, incluyendo el caso de Edivar Juan Carrasco Vásquez ocurrido el 27 de marzo de 2021, cuya situación de riesgo se mantiene activa.
Finalmente, cuatro años después de las acusaciones presentadas por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, el 8 de abril de 2025, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo declaró la admisión de la prescripción de la acción penal formulada en contra de los seis defensores ambientales, por la cual la fiscalía solicitaba cuatro años de prisión. A pesar del fallo favorable, el juez también dispuso que los defensores deberán pagar una reparación civil de cinco mil soles cada uno, orden que fue apelada por su defensa legal.
Front Line Defenders celebra la decisión de no continuar con la criminalización de Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández, pues la organización considera que la acción penal se dio en represalia a su labor de defensa de derechos ambientales en el Perú. Front Line Defenders reitera su profunda preocupación sobre la criminalización de líderes campesinos e indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el Perú, así como sobre el uso indebido del sistema de justicia con el fin de restringir la labor de defensa de los derechos humanos, ambientales y de los territorios. Front Line Defenders hace un llamado al Estado peruano a atender la situación de riesgo que los defensores del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí aún enfrentan, incluido los enfrentados por Edivar Juan Carrasco Vásquez, así como a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para restringir su labor de derechos humanos.
El 27 de enero de 2021 los defensores de derechos ambientales Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández se enteraron a través de la prensa local y redes sociales que la Fiscalía Provincia Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque abrió una investigación en su contra por ‘daño ambiental’ y ‘tráfico de tierras’. Ninguno de los defensores o sus representantes legales fueron informadas del caso que les podría ligar a una sentencia de cuatro años.
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Los seis defensores de derechos ambientales son integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri – ACOTURCH dedicada a la protección de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí". La reserva Chaparrí fue reconocida en 2001 como la primer Área de Conservación Privada (ACP) de Perú, con el objetivo de proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el pavo aliblanca. El área ha sido conservada y protegida por integrantes de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri.
El actual intento de criminalización no es un caso aislado. A través de los años, integrantes de la comunidad han denunciado ser blanco de hostigamiento, violencia verbal y física, vigilancia, separación arbitraria de la comunidad y amenazas de muerte por parte de grupos organizados criminales dedicados al tráfico de tierras y por su oposición a los intereses extractivistas en su territorio. Uno de los proyectos es la implementación del Plan Regional Hidráulico de Lambayaque que incluye planos para la construcción de al menos diecinueve mega represas entre las se ha priorizado “La Montería”, en territorio protegido, a pesar de no haber sido consultada con la Comunidad Santa Catalina propietaria del suelo donde se pretende construir.
Después del 9 de diciembre de 2020, los riesgos de los defensores de los derechos ambientales de Chaparrí han aumentado de nueva cuenta cuando el Consejo Regional de Lambayeque arprobó el inicio de estudios de factibilidad para la construcción de la presa “La Montería” dentro de la Reserva Ecologica de Chaparrí. Personas defensoras locales reportan que la decisión no toma en cuenta el estatus de área protegida de la tierra, ni el consentimiento de las personas propietarias. A partir de la decisión del Consejo Regional, el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí organizó actividades pacíficas en defensa del territorio, en contra de los intereses extractivos y del tráfico de tierras, hechos que provocaron una nueva ola de criminalización y estigmatización en su contra.
El 16 de enero de 2021 cuatro miembros de la Unidad Ambiental de la Policía Nacional (PNP) acompañados de seis civiles intentaron arrestar de manera violenta al defensor de derechos humanos y líder comunitario Wilson Bautista Sánchez. El hermano del defensor, que se encontraba presente al momento de los hechos, también fue agredido verbalmente por la policía y logró documentar partes del ataque ocurrido en la comunidad de Muchik, Santa Catalina, distrito de Chongoyape. Según el reporte, el defensor fue esposado, golpeado y forzado a caminar mientras los policías le apuntaron con un arma. Eventualmente los oficiales de policía no arrestaron a Wilson Bautista Sánchez y lo dejaron a en el piso, severamente herido. Según infomación reportada, la intervención policiaca tuvo bases en una denuncia que acusa al defensor de derechos humanos de crímenes ambientales. En el pasado otros defensores de Chaparrí han experimentado ataques similares por lo que existe feasiente preocupación de que dicha queja pueda resultar en una investigación fiscal que deribe en un nuevo proceso de criminalización en contra de Wilson Bautista Sánchez.
Desde los incidentes, Wilson Bautista Sánchez y otros integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí han sido blancos de campañas de difamación y estigmatización pública en medios locales y redes sociales. Distintos medios departamentales y nacionales como “Diario Correo” y “ABC Chiclayo” dieron a conocer el caso, haciendo malas interpretaciones, distorsionando información y hechos, lo que solo ha contribuido a crear un clima de desinformación y estigmatización en torno a integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparri.
Front Line Defenders condena la criminalización contra Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Dociteo Tafur Díaz, Américo Laboreano Ramos y Juan de Dios Carrasco Fernández, así como Wilson Bautista Sánchez y otros integrantes de la Comunidad y líderes del Frente de Defensa Salvemos Chaparri. Front Line Defenders está profundamente preocupada por la reciente escalada de tensión que parece tener conexión directa con la decisión del Tribunal Regional de Lambayeque de aprobar los estudios de factibilidad para la construcción de la presa “La Montería” dentro de la reserva ecológica de Chaparrí. Front Line Defenders cree que la persecución de defensores y defensoras de derechos ambientales busca obstaculizar su valioso trabajo en defensa de los derechos indígenas, ambientales y territoriales en Perú, y representa un patrón de criminalización y estigmatización contra las comunidades que se oponen al extractivismo en áreas protegidas del país. Front Line Defenders reitera su preocupación por el mensaje desalentador que esto envía a quienes llevan a cabo labores de derechos humanos en Perú e insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar que el sistema judicial no sea mal utilizado como herramienta para deslegitimar y obstaculizar el trabajo de la y los defensores de derechos humanos en Perú.
