Ecuador: El derecho a defender derechos en riesgo en el gobierno del presidente Daniel Noboa
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, y sus impactos en las personas defensoras en este contexto. Esto es atribuible a una serie de medidas institucionales y nuevas legislaciones propuestas por el gobierno nacional que abren un margen para el cierre de espacios fundamentales de derechos y la criminalización de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, e impactan el acceso a la justicia y la información.
Electo en abril de 2025 tras estar un año y medio en un gobierno de transición, el presidente Daniel Noboa ha promovido rápidos y profundos cambios en la institucionalidad ecuatoriana que amenazan el derecho a defender derechos e incrementan los riesgos en la ya preocupante situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en el país.
En julio de 2025, el gobierno redujo el número de ministerios de veinte a catorce mediante el Decreto Ejecutivo n.º 60. De esta forma, los ministerios que resultaban clave para la garantía de derechos, como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, fueron incorporados al Ministerio de Gobierno y reducidos a una subsecretaría. El decreto también incluyó la absorción del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) por el Ministerio de Energía y Minas, formando el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía. Esta decisión elimina la fiscalización autónoma del sector ambiental sobre el sector minero, ya que las competencias del MAATE pasaron a estar subordinadas a la política extractiva, debilitando gravemente la protección de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan, y aumentando el riesgo de conflictos socioambientales. Esa decisión es particularmente preocupante para el panorama de defensa de derechos en Ecuador, donde la mayor parte de los casos de personas defensoras en riesgo se da en contextos de conflictos socioambientales, con reiterados casos de criminalización de líderes y lideresas sociales que buscan garantizar su derecho a la participación y consulta previa en procesos de decisión sobre proyectos extractivos que se implementarán sobre sus territorios y comunidades.
Las medidas en el Decreto Ejecutivo n.º 60 son incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de igualdad y derechos humanos mediante el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador en 2020, que establece la necesidad de implementar mecanismos institucionales de acceso a la información y a la justicia para temas ambientales, así como políticas públicas de protección a personas defensoras del medio ambiente. Es preocupante la reducción de la institucionalidad dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos que se han replanteado desde un lógica de control, seguridad y orden público. Las políticas públicas de promoción de derechos y protección de las personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza no parecen estar en la agenda del gobierno, lo cual se refleja en el hecho de que hasta el momento el país no cuenta con un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza.
Además, el gobierno de Ecuador ha presentado una serie de leyes, todas bajo la figura de “proyecto económico urgente”, lo que obliga a la Asamblea Nacional a tramitarlas en un plazo máximo de 30 días, sin debate amplio ni participación ciudadana. Llama, en particular, la atención la “ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales”1, ahora llamada Ley de Transparencia Social y denominada por el presidente Noboa de “ley de fundaciones”, que, según manifestó, “pretende combatir a las fundaciones que buscan desestabilizar al país”, particularmente aquellas que presuntamente impulsarían la minería ilegal. El proyecto de ley presentado por el ejecutivo formalmente asocia en su justificativa a organizaciones de la sociedad civil o sin ánimos de lucro con actividades terroristas o ilícitas, afirmando que al recibir fondos de diversas fuentes nacionales e internacionales, “Las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, ONG y organizaciones comunitarias (....) serían “vulnerables a ser utilizadas, consciente o inconscientemente, para fines ilícitos.”
La Ley de Solidaridad, también presentada por el poder ejecutivo y tramitada en un mes por la Asamblea Nacional, está en vigor desde junio de 2025 y establece un régimen jurídico especial para enfrentar un conflicto armado interno, incorporando medidas financieras, tributarias y de seguridad. En su artículo 9, numeral 4 reconoce como "grupos armados organizados" a las autodefensas, sin establecer distinciones claras entre organizaciones comunitarias legítimas y estructuras armadas vinculadas al crimen organizado. Esta ambigüedad puede llevar a la criminalización de comunidades indígenas y campesinas que ejercen su derecho constitucional a la resistencia (Art. 98) para defender sus territorios frente a actividades extractivas o amenazas a sus derechos colectivos.
Por fin, otra iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo y ya aprobada por la Asamblea Nacional es la “Ley de Inteligencia”, que busca regular el Sistema Nacional de Inteligencia. La ley ha sido criticada por várias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil por la posibilidad de violar derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso, especialmente en lo que respecta a la interceptación de comunicaciones sin la necesidad de mandados.
Estas tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y de derechos humanos representan un grave riesgo para la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos. Al asociar organizaciones de la sociedad civil con actividades ilícitas y habilitar mecanismos de disolución de organizaciones, confiscación de bienes y ingerencia en el financiamiento, además de la creación de nuevos tipos penales que buscan criminalizar las autodefensas, que se pueden interpretar como grupos de defensa territorial o anti extractivas, estas normativas restringen directamente el espacio cívico, obstaculizando la labor de las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos. Tales disposiciones ponen en riesgo la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza, al crear un marco propicio para su criminalización y estigmatización ademas de vulnerar la libertad de asociación y el derecho a participar en los asuntos públicos.
En un país con altos índices de conflictividad socioambiental, estas medidas exponen las personas defensoras a represalias y limitan a su respaldo institucional y acceso a la justicia. A inicios de agosto, el entonces MAATE envió una carta a cada una de más de 400 organizaciones ambientalistas de la sociedad civil y reconocidos defensores de la naturaleza solicitando que enviarán en 48 horas la rendición de cuentas y el balance administrativo de los últimos tres años apenas un día antes de las movilizaciones convocadas por colectivos y organizaciones ambientales en contra la fusión de ministerios.
A este escenario se suman las preocupantes declaraciones públicas del presidente Noboa y otras autoridades de la alta cúpula de su gobierno, como el entonces Ministro del Interior, José de la Gasca, en entrevistas en medios de comunicación en las cuales estigmatizan a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, incluso asociándolas a grupos armados y actividades ilegales.
Ante el avance de legislaciones que violan derechos fundamentales, organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas han ingresado distintas acciones de protección en la Corte Constitucional, el poder judicial con la salvaguarda de garantizar que se respete la constitución del país. El 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente algunos artículos de tres leyes recientemente aprobadas, entre ellas la Ley de Solidaridad y la Ley Inteligencia anteriormente mencionadas, al advertir posibles violaciones de derechos mientras se revisa su constitucionalidad. Desde entonces, el presidente Noboa ha promovido reiterados ataques a la Corte Constitucional. El 12 de agosto, el Ejecutivo convocó y encabezó una marcha en Quito contra la Corte, durante la cual se exhibieron carteles con nombres y rostros de juezas y jueces, incrementando su riesgo de seguridad y afectando la independencia judicial, según denunció la propia Corte. Autoridades del Gobierno y de la Asamblea Nacional calificaron a la Corte de “enemiga del pueblo”.
Este hostigamiento del ejecutivo hacía el poder judicial fue repudiado por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que las declaraciones y acciones contra la Corte “podrían constituir intentos de socavar la independencia judicial” y pidió respetar la separación de poderes. La CIDH manifestó preocupación por actos y discursos que amenazan la labor independiente de la Corte.
Front Line Defenders expresa su preocupación frente a los graves retrocesos en materia de derechos humanos en el Ecuador, los cuales se configuran a través de un conjunto de medidas legislativas e institucionales que debilitan el derecho a defender derechos de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, amenazan la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Exhortamos al Gobierno de Ecuador a no avanzar con iniciativas que intensifiquen las restricciones a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos. Resulta imprescindible que se deroguen o modifiquen todas aquellas normas que indebidamente limiten su labor legítima, garantizando que la legislación nacional se ajuste plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, llamamos al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional a archivar de manera definitiva el proyecto de “Ley de Transparencia Social”, por constituir una amenaza directa al espacio cívico, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza.
De igual manera, instamos al Estado ecuatoriano a asumir su responsabilidad de fortalecer de manera activa la agenda de derechos humanos. Esto exige reconocer públicamente el papel positivo y legítimo de quienes los defienden, asegurando que ningún funcionario público contribuya a su estigmatización o difamación, y que se ofrezcan disculpas públicas cuando ello ocurra. Asimismo, demandamos la adopción de medidas concretas que garanticen el derecho a la libertad de reunión pacífica y que permitan a todas las personas defensoras de derechos humanos ejercer su labor sin temor a represalias, acoso judicial ni otras restricciones. En este marco, recordamos la obligación del Estado de respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de garantizar la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú y de desarrollar políticas integrales de protección a las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, asegurando su seguridad, su legitimidad y el pleno respeto a su labor en Ecuador.
1 Actualmente en trámite en la Comisión Especializada permanente de desarrollo económico, productivo y de la microempresa de la Asamblea Nacional
