Intento de criminalización y estigmatización en contra del defensor de los derechos de la población migrante Luis García Villagrán

El 13 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República apeló la decisión de no vinculación a proceso emitida por el poder judicial a favor del defensor de los derechos de la población migrante Luis García Villagrán. El defensor fue liberado el 11 de agosto de 2025 luego de permanecer detenido en el estado de Chiapas desde el 5 de agosto por una orden de aprehensión.

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Luis García Villagrán es un defensor de derechos humanos de México y fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., organización que brinda acompañamiento a las personas migrantes. Cuenta con quince años de trayectoria en defensa de los derechos y dignidad humana de la población migrante. A lo largo de los años, el defensor ha sido objeto de amenazas, estigmatización y criminalización por su labor de defensa de la población migrante, lo cual motivó a que sea beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019.

El 13 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República apeló la decisión de no vinculación a proceso emitida por el poder judicial a favor del defensor de los derechos de la población migrante Luis García Villagrán. El día anterior, el 12 de agosto de 2025, durante la conferencia matutina del gobierno federal, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó la decisión del juez y anunció que el Estado la iba a apelar, e incluso iniciar un proceso contra el juez de la causa. Cuando la prensa señaló que Luis García Villagrán es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Secretaria de Gobernación señaló que ello no guarda relación con su situación legal.

El 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la cual el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula revisó los argumentos de la Fiscalía y resolvió no vincular a proceso al defensor y revocar la medida de prisión preventiva. El juez argumentó la falta de elementos suficientes para proceder con la vinculación y que Luis García Villagrán no forma parte de una organización criminal, sino que más bien su labor se centra en la defensa de los derechos humanos.

En adición a la detención de Luis García Villagrán, autoridades federales se han pronunciado estigmatizando y justificando la criminalización de su labor de derechos humanos de acompañamiento a migrantes. El 6 de agosto de 2025, la Presidenta de la República señaló durante la conferencia matutina que el defensor de derechos humanos Luis García Villagrán “no es un activista, tenía orden de aprehensión y más bien, está vinculado con tráfico de personas”.

E l 5 de agosto de 2025, Luis García Villagrán fue detenido en Tapachula por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas. El arresto se dio un día antes de que saliera una caravana migrante de esa ciudad hacia el norte del país en protesta a la falta de respuestas institucionales para garantizar los derechos de las personas migrantes en México.

Ese mismo día, el defensor fue trasladado a la Fiscalía General de la República estatal y posteriormente al Poder Judicial de la Federación en Tapachula, donde se llevó a cabo su audiencia de imputación, en la que formalmente se le dictó prisión preventiva e imputó el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas. Finalmente, Luis García Villagrán fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3 en Tapachula para cumplir la prisión preventiva.

Sumado a los esfuerzos de la Fiscalía por continuar con una acusación carente de material probatorio y que ya obtuvo una primera decisión favorable para el defensor de derechos humanos, resulta preocupante que autoridades federales se hayan pronunciado defendiendo enérgicamente la orden de aprehensión sin respetar la presunción de inocencia ni tener en consideración que estas acciones son una forma de criminalizar la labor de derechos humanos que Luis García Villagrán ha desempeñado en los últimos quince años.

El caso en contra de Luis García Villagrán se suma a la tendencia de perseguir personas defensoras de los derechos de la población migrante como lo son Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mujica, quienes en el 2019 fueron puestos en libertad ante la falta de pruebas. Esta tendencia ha sido documentada anteriormente por Front Line Defenders, la Red TdT y el PRAMI, evidenciando que los ataques a este grupo de personas defensoras no se limitan a grupos no gubernamentales, y que son las autoridades del gobierno las que promueven y justifican acciones para continuar restringiendo la labor de quienes defienden los derechos de la población migrante.

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación al intento de criminalizar al defensor de los derechos de la población migrante Luis García Villagrán y considera que se trata de una forma de deslegitimar su labor. La organización también condena enérgicamente la estigmatización de su labor por parte de las autoridades mexicanas.

Front Line Defenders insta a las autoridades de México a que:

1. Cesen de inmediato la criminalización del defensor de los derechos de la población migrante Luis García Villagrán;
2. Tomen las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen el trabajo legítimo de las personas defensoras de los derechos de la población migrante;
3. Garanticen en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de los derechos humanos en México, especialmente aquellos que protegen los derechos de la población migrante, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin ninguna restricción, incluido el acoso judicial.